La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó ayer que es víctima de una injusticia a raíz de la aprobación en la Cámara de Diputados del juicio político contra ella y sostuvo que está en marcha un golpe de Estado del cual participa el vicepresidente Michel Temer, a quien volvió a calificar como “traidor”.
En el primer pronunciamiento desde que el domingo la Cámara de Diputados aprobara por 367 votos a 137 el envío de su impeachment al Senado, Rousseff aseguró que “en democracia” sus sueños están siendo “torturados”, y anunció que intenta un modo de relanzar su gobierno con nuevas medidas económicas. “En mi juventud enfrenté por convicción la dictadura y ahora enfrento por convicción un golpe de Estado que no es como los de antes, es un intento de elección indirecta por parte de quienes no tienen votos, y es importante decir que es muy extraño que el vicepresidente conspire abiertamente contra la presidenta”, dijo.
La mandataria, quien aseguró que estaba “triste” pero no “abatida”, señaló que confiaba en que tendrá la “oportunidad” de defenderse y demostrar que, en su caso, “se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente”. En rueda de prensa, Rousseff insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad. Juzgó “interesante” que no haya en su contra “ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior”, que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al titular de Diputados, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos y aliado político de Temer. Sobre los próximos pasos, no descartó denunciar la decisión de Diputados ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) y apuntó que el gobierno tiene mejor diálogo con el Senado que con la Cámara baja. Si el Senado acepta la denuncia en votación simple, Rousseff debe apartarse del cargo por 180 días hasta la votación final, en la cual puede ser destituida con el voto de los dos tercios de los 81 senadores. En ese marco, mientras prepara su defensa también busca la iniciativa política y dijo que esperaba que mañana el STF autorice la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete, suspendida por una medida cautelar desde el 18 de marzo.
En tanto, el presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), Paulo Skaf, sostuvo que “el mercado espera un cambio para que se pueda retomar la confianza y con eso volver a generar empleo e inversión”. Skaf es afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer y financista de la campaña en las calles y en la prensa a favor del impeachment a Dilma. La Fiesp es la mayor patronal de América latina y comenzó a hacer oposición luego de que en 2014 el gobierno retirara los incentivos y subsidios que durante cinco años había otorgado para enfrentar la crisis mundial surgida en 2008 en el sistema hipotecario de EE UU.
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